Enrique Fernández no recuerda la última noche que durmió tranquilamente. Es alto y pesado, y no parece alguien que se asuste fácilmente, pero mientras se sienta en su humilde casa alquilada en el occidente de Colombia, sus ojos se mueven nerviosos de izquierda a derecha, buscando cualquier amenaza. Cuando un vendedor de helados adolescente se acerca a la puerta principal, Fernández corre ansioso a una habitación trasera, convencido de que el joven está ayudando a atentar contra su vida.
No es paranoia. Fernández, un líder de la tribu indígena Nasa y un franco defensor del medio ambiente, ha tenido un precio por su cabeza durante meses. En febrero, una bomba fue dejada fuera de la casa de su familia. El explosivo fue desarmado por el ejército, pero el mensaje era claro: tenía que moverse. El mes pasado, una serie de llamadas telefónicas y mensajes de texto lo amenazaron de nuevo. «No descansaremos hasta que Colombia esté libre de comunistas como ustedes», decían los mensajes. «Condolencias a tu familia».
Fin de las FARC, continúa el terror
Desde principios de 2016 -el año en que se firmó un acuerdo de paz con el grupo rebelde de izquierda más grande de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (o Farc)- unos 311 activistas, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos han sido asesinados, según la oficina nacional de derechos humanos.
Al menos 123 de esos asesinatos tuvieron lugar en los primeros seis meses de este año, en lo que el defensor de los derechos humanos del país describió como «un exterminio». El presidente Iván Duque, que asumió el cargo el 7 de agosto, ha prometido intensificar los esfuerzos de protección de los activistas. Pero dada su estrecha alianza política con el ex presidente Álvaro Uribe -que está siendo investigado por delitos relacionados con los escuadrones de la muerte formados a finales de los años 90-, los líderes del Cauca son escépticos.
Más líderes han sido amenazados o asesinados en esta provincia andina que en cualquier otra parte de Colombia. Muchos de ellos provienen de las comunidades indígenas y afrocolombianas, que constituyen el 50% de la población de la provincia. La tierra fértil del Cauca y los yacimientos de oro sin explotar a menudo han dado lugar a feroces conflictos por la tierra. Pero las condiciones en la provincia también son perfectas para el cultivo de coca -el ingrediente básico de la cocaína-, lo que la convierte en un territorio muy apreciado por los grupos delictivos.
Ahora la provincia es el escenario de una nueva serie de conflictos entre combatientes disidentes de las Farc que se negaron a desarmarse, grupos rebeldes más pequeños y bandas criminales que surgieron de las milicias paramilitares de derecha. Y los civiles están atrapados en el medio. «Con esto es con lo que estamos viviendo», dijo Ana Lucía Velasco, esposa de Fernández. «Estamos siendo asesinados lentamente.»
Después del atentado fallido, Fernández y su familia huyeron a Toéz, una reserva indígena asentada en las montañas, donde ahora vive bajo la protección de una cuadrilla de guardaespaldas indígenas. Cuando sale de la reserva, los guardaespaldas del Estado están siempre a su lado.
